(más…)

A pedido de Memoria Activa, la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) llevará a cabo una audiencia previa a su resolución sobre los imputados por encubrimiento del atentado a la AMIA. Se trata de la instancia siguiente al juicio oral por el encubrimiento realizado entre 2017 y 2019, cuya sentencia fue insuficiente e insatisfactoria para las partes.

“A cada chancho le llega su San Martín”

La detención por delitos durante la última dictadura militar de Patricio Finnen, de activa participación en el encubrimiento del atentado a la AMIA, evidencia, nuevamente, la calaña de funcionarios que participaron de la “investigación” (con más comillas que nunca) del ataque terrorista más grave que sufrió nuestro país.

Este jueves 13 y viernes 14 de octubre, familiares nucleados en Memoria Activa nos presentamos ante le Corte Interamericana de Derechos Humanos para prestar testimonio y denunciar más de 28 años de desvíos, impunidad y encubrimiento por parte de todas las esferas del Estado argentino en torno al caso AMIA.

El informe de inteligencia del Mossad es un nuevo ejemplo del uso de la causa AMIA para favorecer intereses que responden más a la coyuntura política nacional e internacional que a una genuina búsqueda de verdad y justicia.

Recientemente, The New York Times publicó un artículo donde señala que, según el Mossad (una de las agencias de inteligencia de Israel), los atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994) no habrían sido realizados por Irán sino por una célula de Hezbollah y sin colaboración local, lo que rebate “las sospechas en Argentina de que funcionarios locales y ciudadanos habían sido cómplices de los ataques”.

Si bien la información de la nota periodística contradice la hipótesis oficial sobre la responsabilidad de Irán, basada en informes de la ex SIDE y agencias extranjeras, en realidad, se trata de más de lo mismo. Numerosas operaciones e informes de inteligencia locales e internacionales han nutrido, desde el 18 de julio de 1994, la grotesca investigación del atentado. Por eso, un artículo como el de The New York Times tiene idoneidad, aún 28 años después, para conmover una investigación judicial tan patética y corrompida como esta.

Desde el comienzo, quedó claro que se manipuló la causa AMIA en función de intereses políticos locales e internacionales que nada tienen que ver con la búsqueda de verdad y justicia. Entre tantos años de ejemplos, es posible mencionar los cables diplomáticos que, a pocas horas del atentado, daban cuenta de la necesidad de que Argentina e Israel acordaran una versión de los hechos funcional a las conveniencias políticas de los respectivos gobiernos.   

También puede recodarse el intento del ex juez Juan José Galeano, con la colaboración de la abogada de la DAIA Marta Nercellas, de instalar, en 2001, que el atentado a la AMIA había sido perpetrado por Al-Qaeda y Bin Laden. Versión muy conveniente por ese entonces.

Ya nada nos sorprende: ni publicaciones de prensa, ni operaciones de inteligencia, ni dichos de funcionarios, nada. Los familiares de las víctimas nucleados en Memoria Activa hemos perdido la ingenuidad y la capacidad de asombro, tanto como los personajes que montan estas operaciones han perdido la vergüenza.

La causa AMIA necesita más pruebas judiciales y menos informes de inteligencia. Más apego de los investigadores a la verdad y menos operaciones de prensa. Sobre todo, es indispensable que se deje de manipular y usar el caso en función de los avatares de la coyuntura política nacional e internacional. En definitiva, es imprescindible contar con una Justicia seria y creíble, capaz de garantizar una investigación imparcial que nos acerque, de una vez por todas, a la verdad y a la justicia.

La causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA todavía no terminó. Recién ahora, tras 22 años del inicio de esta causa, procesaron a los secretarios del exjuez Galeano, quienes colaboraron activamente en las maniobras de encubrimiento. Sin embargo, nada de eso dice la resolución del juez. Solamente los procesa por grabar clandestinamente entrevistas informales con imputados y testigos, y por la destrucción de las filmaciones resultantes. Al mismo tiempo, los sobresee por otras graves imputaciones, como encubrimiento agravado, coaccióones y privación ilegítima de la libertad.

Para el Juez Sebastián Ramos, los exsecretarios Javier De Gamas, Susana Spina, José Pereyra y Carlos Velazco no deben responder por el encubrimiento y desvío de la investigación del atentado, ya que “[ni tenían] un conocimiento sobre la desviación que se pretendía” (sic). Es decir, para el magistrado, si bien colaboraron rigurosamente con la actividad delictiva, lo habrían hecho sin conocimiento del objetivo de encubrir, al cual contribuyeron sincronizadamente durante años. El razonamiento del juez Ramos es de un absurdo notable.

La resolución del pasado 17 de mayo aparece, además, después de 10 años de inacción del Poder Judicial e insistencias y reclamos de las querellas para que se resuelva la situación procesal de los exsecretarios. Se trata de un procesamiento únicamente por los delitos leves, y un sobreseimiento para Pereyra, a pesar de que existe una escucha telefónica en la que reconoce que “el Estado” le había pagado a Carlos Telleldín por su declaración.

En su totalidad, Ramos realiza un análisis superficial, sesgado y descontextualizado de las intervenciones de Spina, De Gamas, Velasco y Pereyra, como si fuesen irregularidades inconexas que pueden justificarse por separado. Además, omite descaradamente prueba directa que los involucra en el encubrimiento, como filmaciones de su participación en la compra y armado de la declaración falsa de Telleldín.

De esta manera, el juez Ramos incumple los lineamientos fijados por la Cámara Federal de Apelaciones, (Sala 1, Ad Hoc. Jueces Ponciello Argerich, Rimondi y González), la cual le prohibió que insistiera con un análisis descontextualizado de las conductas atribuidas a los acusados.

De hecho, por un intento similar de sobreseer a los exsecretarios, la Cámara Federal terminó apartando de su cargo al juez anterior de la causa encubrimiento, Ariel Lijo.

Como si la vergüenza no tuviese límites, en el presente, uno de los ex secretarios Javier De Gamas continúa siendo juez en Tierra del Fuego.

En conclusión, el fallo de Ramos es groseramente arbitrario e injusto, y refleja la ya habitual defensa corporativa de la (in)justicia de Comodoro Py, que evidentemente no está dispuesta a juzgarse a sí misma. La resolución evidencia, además, la época en la cual se gestó el encubrimiento se perpetúa en el tiempo, y quienes hoy juzgan a los encubridores, quizá, en circunstancias similares, harían exactamente lo mismo que hicieron De Gamas, Velazco, Spina, Pereyra, y tantos otros que se pasean por los pasillos de los tribunales estrechando manos y espaldas.

Un claro ejemplo de ello es, en este caso, el de la Unidad Fiscal (supuestamente) Especial AMIA, que se lució por su ausencia en toda esta discusión, haciendo notar que trabaja en la dirección contraria a la búsqueda de la verdad.

La naturalización de semejantes arbitrariedades y delitos aterroriza, y contribuye con una sociedad carente de justicia en la cual las instituciones democráticas existen sólo en la teoría. En la práctica, sin embargo, queda la lucha de los familiares y amigos de las víctimas por una verdad y una justicia que no nos cansaremos de perseguir.

Apelamos este nuevo fallo injusto porque no nos resignamos a la impunidad con la que nos desafía descaradamente, desde siempre, la Justicia Federal de Comodoro Py. Seguiremos luchando por Memoria, Verdad y Justicia, tal como lo venimos haciendo hace 28 años.

(más…)

En mayo pasado, Sebastián Basso, titular de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA, solicitó al juzgado que tiene a cargo la causa principal del atentado el sobreseimiento de algunos indagados en el proceso, sospechados de participar, en mayor o menor medida, de la conexión local del ataque terrorista. La presentación nos resulta vergonzosa, por lo que presentamos en septiembre el rechazo a la misma. (más…)

El pasado martes 27 de julio, participamos de una reunión virtual convocada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena. (más…)

El jueves 15 de julio, mantuvimos una reunión con la jueza federal (subrogante) a cargo de la causa AMIA, María Eugenia Capuchetti, a quien le manifestamos nuestra preocupación por la falta de avances en la causa y, en particular, por la actuación de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) AMIA, organismo que tiene delegada la investigación del atentado.