Terminó hoy el alegato de una de las querellas del juicio en el que se investigan los delitos cometidos durante la investigación del atentado a la AMIA. Los ex policías bonaerenses, quienes estuvieron hasta ocho años presos de manera irregular por orden el entonces juez de la causa, Juan José Galeano, presentaron las acusaciones a los imputados y pidieron penas de prisión que deberá evaluar el Tribunal Oral Federal 2 a la hora de dictar sentencia.
La querella del grupo de policías de la provincia de Buenos Aires encabezado por el ex comisario Juan José Ribelli, cerró su alegato final con fuertes denuncias al ex presidente Carlos Menem, a quien le cargó los “107 muertos de los dos atentados que sufrió el país” y pidió se lo investigue junto a Carlos Corach por la privación ilegítima de la libertad de los efectivos policiales y por sus responsabilidades en el pago ilegal que la vieja SIDE le efectuó a Carlos Telleldín para que mintiera en contra de los entonces policías.
Por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de medios de prueba, los querellantes pidieron se condene a Menem a 4 años de prisión, y a 8 a su secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy.
Para los otros dos funcionarios de la ex SIDE que participaron en el encubrimiento del atentado, el subsecretario Juan Anchezar y el ex agente Patricio Finnen, la querella pidió una condena de 6 años para el primero y dos al segundo, quien organizó la operación del pago ilegal.
En cuanto al ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, los ex policías consideraron que su consentimiento y complicidad en el soborno de 400 mil dólares a Telleldín resultó “decisivo”, por lo que le caben 4 años de prisión.
Respecto a los dos imputados provenientes de la Policía Federal, quienes actuaron de manera ilícita -siempre según la acusación- en la desaparición de documentación y desvío de la pista que apuntaba a un amigo de Carlos Menem, la querella pidió 4 años tanto para Carlos Castañeda, ex jefe del Departamento de Protección al Orden Constitucional, como para Jorge Palacios, al frente de la Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA).
Finalmente, los querellantes le pidieron a los jueces Gorini, Perilli y Costabel que condenen a 15 años de prisión al ya destituido magistrado Juan José Galeano por el encubrimiento del atentado y sus delitos conexos como coacciones, destrucción e invento de prueba, peculado, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad. De manera similar, en opinión de la querella le caben 12 años de prisión a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, quienes “de haber cumplido con su rol, nada de lo ocurrido hubiera pasado”.
En relación a los exfiscales, además, la querella pidió que, en caso de condenarlos, los jueces deberán evaluar si corresponden ordenar sus detenciones efectivas en base a la presunción de “lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal” que están aún vigentes y pueden ser utilizados “en perjuicio de la investigación penal”.
Por último, pidieron la absolución para el último tenedor conocido de la camioneta que habría transportado los explosivos, Carlos Telleldín y de su entonces pareja, Ana Boragni, quien cobró el dinero de la SIDE, por considerar que actuaron bajo presión al aceptar el dinero del Estado. La misma medida pidieron para Víctor Stinfale, ex abogado de Telleldín, ya que no se logró probar que conociera el origen de los fondos con los que se efectivizó el soborno.
Con ello, la querella concluyó su presentación y se dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes, momento en el que una de las agrupaciones de familiares de las víctimas, Memoria Activa, tendrá su oportunidad de alegar.
