Gabriel Yuri, secretario de la fiscalía federal a cargo de Eamon Mullen y José Barbaccia entre 1993 y 2004, y Leonardo Héctor Corrías, empleado del Juzgado Federal Nro. 9 entre los años 1995 y 2004, fueron los testigos de la audiencia 47.
Yuri pretendió, con poco éxito, respaldar el trabajo realizado bajo las órdenes de los fiscales Mullen y Barbaccia, lo que no sorprende si se considera que aquellos hechos involucran su propia labor en la fiscalía. Sin embargo, al ser interrogado por diversas maniobras ilegales realizadas en el marco de la investigación, el testigo no supo dar explicaciones razonables sobre la actuación fiscal.
Los ejemplos más paradigmáticos de su declaración en ese sentido fueron:
Sobre la declaración de Miriam Salinas en 1995: Yuri reconoció que Salinas prestó declaración testimonial un día inhábil en el despacho del ex fiscal Mullen, y con anuencia de Barbaccia, ante personal del juzgado. Dijo que el juzgado requirió autorización a los fiscales para tomar la declaración en sus instalaciones. Luego los secretarios de Galeano fueron con personal de la SIDE y colocaron cámaras, escondidas en un perchero tapado con sacos, para filmar en forma subrepticia a Salinas mientras declaraba.
Al ser preguntado sobre el conocimiento que Mullen y Barbaccia tenían de esa circunstancia, el testigo afirmó en forma terminante que “los fiscales sabían lo que pasaba en la fiscalía. Mullen seguro porque la filmación había sido en su despacho”. Además, reconoció que en esa declaración estuvo presente Gustavo Semorile, defensor de Salinas en la imputación que ésta tenía en ese mismo momento en la causa principal de AMIA, aunque tampoco supo explicar la razón de su presencia cuando se trataba de una declaración testimonial y no en carácter de imputada.
También identificó otras declaraciones que fueron filmadas en la fiscalía, como la de Mónica Cañete, reafirmando que se trataba de una práctica habitual ordenada por el juzgado. Según Yuri, Galeano decidía a quién se filmaba y a quién no.
Grabación ilegal de entrevistas de Marta Nercellas con Alberto Huici y su abogado, Marcelo García: el testigo reconoció haber tomado conocimiento durante el transcurso del juicio ante el TOF 3 que la abogada de la DAIA -Marta Nercellas- se entrevistó por orden de Galeano con un imputado y grabó en forma oculta dicho encuentro, pese a lo cual Mullen y Barbaccia no ordenaron ningún curso de acción que cuestionara dicha práctica ilegal.
En aquel debate había salido a la luz que Nercellas fue a reunirse con Bautista Alberto Huici, en el marco de su detención, y lo filmó de manera furtiva. Producto de la misma maniobra, la abogada mantuvo una entrevista con García y lo grabó mediante micrófonos inalámbricos que llevaba instalados. El hecho fue valorado por el TOF 3 como parte de la actividad indebida realizada por la DAIA y autorizada por el juez Galeano.
Ampliación de declaración indagatoria de Carlos Telleldín: Yuri relató haber presenciado parte de la ampliación de la declaración indagatoria brindada por Telleldín el 5 de julio de 1995, la cual fue filmada.
Explicó que mientras Susana Spina -secretaria de Galeano- le recibía declaración al imputado, un grupo de empleados del juzgado veían la declaración por un monitor instalado en el despacho contiguo. También dijo que estuvieron los fiscales en algún momento de la deposición.
Nuevamente, nada le pareció irregular en grabar a un imputado en forma clandestina.
El conocimiento de los fiscales sobre la maniobra de pago: el testigo reconoció haberse enterado del video donde se observa a Galeano y Telleldin negociando el pago para que el imputado cambie su declaración incriminando a los policías bonaerenses, cuando la filmación fue reproducida en el marco de una reunión con la Comisión Bicameral en 1996 en la que se discutió sobre ese hecho. Incluso recordó que los fiscales evaluaron la posibilidad de impulsar una denuncia que investigue el contenido del video, pero decidieron no hacerlo. Sobre el contenido del video agregó: “era distinto a un acto de declaración”.
Entre claroscuros, Yuri dijo que supo del pago recién cuando fue develado ante el TOF 3. Sin embargo, luego señaló haberse enterado de esta circunstancia “por los medios públicos, ya por el 97”, pese a lo cual sostuvo “no fue creído por nosotros” (en referencia a los integrantes de la fiscalía).
También aclaró que, con posterioridad a que se ventilara el pago en aquel debate oral, Mullen, Barbaccia y Nisman debatieron sobre cómo continuar con la imputación contra los policías bonaerenses, concluyendo en que la única medida del Ministerio Público Fiscal en torno a este hecho ilegal debía ser requerir la nulidad de la declaración de Telleldín y continuar con la acusación contra los policías bonaerenses porque “había elementos”.
Por supuesto, no supo referenciar con precisión qué prueba previa a la declaración de Telleldin existía que imputara a los policías.
Por otro lado, Yuri también reconoció haber participado de la reunión entre Galeano, los fiscales y la Comisión Bicameral, con posterioridad al conocimiento público del video en donde Telleldin y Galeano negocian el pago. Al respecto arrancó diciendo: “me llamó Mullen y me dijo que lo había citado Soria y que íbamos al Congreso”.
Dijo que el foco de aquella reunión estaba puesto en el video. De sus dichos se desprende que los fiscales Mullen y Barbaccia supieron mucho antes del juicio oral sobre la existencia de esa entrevista y aún así no la cuestionaron. Por el contrario, acompañaron fielmente la estrategia del juzgado.
La relación de los ex fiscales con Menem
Otra afirmación novedosa y relevante fue que los fiscales no solo viajaron con Galeano a Venezuela a pocos días del atentado, sino que también mantuvieron junto al juez una reunión posterior con el entonces presidente Menem para hablar sobre los pormenores de la investigación. Lejos de lo que Mullen y Barbaccia pretenden usar como argumentos de defensa, es evidente que ambos mantuvieron desde un inicio una relación cercana con Menem y Galeano, participando de las decisiones sobre el curso de la investigación.
Una perlita no menor desencadenó el planteo del defensor de Mullen y Barbaccia, Marino Aguirre, cuando al comienzo de la audiencia requiriendo al Tribunal que no haga lugar a preguntas que habiliten manifestaciones de opiniones o consideraciones personales de los testigos, haciendo particular referencia al contenido de la declaración del testigo Trujillo de la audiencia pasada. El planteo del defensor, sin sustento alguno en la normativa procesal, dejó en evidencia la intención de los fiscales de desmarcarse de las manifestaciones de Trujillo respecto de Nisman, reafirmando el traspié sufrido por la defensa con un testigo pedido por esa parte y sobre una línea de interrogatorio abierta por ellos mismos.
El testimonio de Corrías
Por su parte, Leonardo Corrías manifestó que trabajaba bajo las órdenes de la Susana Spina en la Secretaría 17, como empleado de mesa de entradas y reafirmó la existencia de cámaras en el juzgado. Si bien desconoció haber conocido pormenores sobre su uso e instalaciones, dijo que nunca advirtió equipo de video alguno en el despacho de Spina, lo que demuestra la forma subrepticia en la que se instalaban para que quienes eran filmados no conocieran dicha circunstancia.
Ilustraciones: María Paula Doberti y Eugenia Bekeris, integrantes de de
