En la sala AMIA de los Tribunales Federales se llevó a cabo hoy otra audiencia con declaraciones testimoniales de quienes en diferentes momentos de la instrucción de la causa, trabajaron en el Juzgado Federal 9, uno de los lugares donde comenzó el encubrimiento con el ex juez Juan José Galeano a la cabeza.
Sin embargo, nada de ello fue mencionado en los testimonios de Karina Auletta -prosecretaria-, Jimena Castro -escribiente- y Esther Guarignielo -encargada de sistemas informáticos-. Por el contrario, las tres se atuvieron a la descripción de sus tareas cuidándose de no criticar a nada ni nadie en el camino. Lo verosímil de ello, quedará a cuenta del Tribunal Oral Federal 2.
El testimonio de Karina Auletta fue el de mayor duración a pesar de que su paso por el Juzgado duró dos años (1995-1997). Si bien la mayoría de sus respuestas fueros “desconozco”, sí reconoció que habían instalado cámaras ocultas en los despachos del juzgado pero lo justificó explicando que la grabación servía para analizar luego las declaraciones. Al igual que otros empelados que declararon en audiencias pasadas, no hubo ningún tipo de cuestionamiento respecto de las grabaciones ilegales sino que son comentadas con absoluta naturalidad.
En ese sentido, contó, no se sorprendió cuando se hizo público por los medios de comunicación el video de la declaración de Carlos Telleldín, en la cual negocia con el entonces juez Galeano un pago para inculpar a policías bonaerenses. “No hablamos entre nosotros sobre el contenido del video”, aclaró como si semejante irregularidad no ameritara siquiera un comentario entre compañeros de trabajo.
Tanto Auletta como Jimena Castro contaron que ese video (de la negociación entre Galeano y Telleldín) había sido robado de la caja fuerte del Juzgado, razón por la que los empleados fueron convocados por Galeano y luego investigados por el hecho. “Estábamos todos sospechados”, dijo Castro.
Esther Guarignielo, por su parte, destinó gran parte de su testimonio en explicar el funcionamiento de un programa informático de su autoría que se encargaba de buscar entrecruzamientos de llamados en una base de datos generada a partir de información que brindaban empresas de telefonía. Encargada únicamente de manejarlo, trabajó primero como “prestada” de la Policía Federal y tras su jubilación de esa fuerza -en 1998- pasó a ocupar el cargo de prosecretaria del juzgado.
Cuando la defensa del imputado Rubén Beraja le preguntó sobre la seguridad del programa informático específicamente por la posibilidad de que el prosecretario Claudio Lifschitz pudiera haber editado datos, Guarignielo dijo que para borrar información se necesitaban conocimientos específicos de programación y que no creía que ninguno de sus compañeros de trabajo tuvieran esa capacidad.
Las audiencias se reanudan el lunes próximo con más declaraciones de empleados del juzgado.
Maria Paula Doberti, integrante de de Dibujos Urgentes en el Juicio de encubrimiento del Atentado a la Amia, Tribunales Federales de Retiro, 2015 – 2016.
