Este jueves 13 y viernes 14 de octubre, familiares nucleados en Memoria Activa nos presentamos ante le Corte Interamericana de Derechos Humanos para prestar testimonio y denunciar más de 28 años de desvíos, impunidad y encubrimiento por parte de todas las esferas del Estado argentino en torno al caso AMIA.
En una audiencia pública que se realizó en Montevideo durante dos días, declararon, primero, Adriana Reisfeld y Diana Wassner de Memoria Activa, seguido de peritos y alegatos del Estado argentino, la parte acusada, la querella y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La querella
En sus testimonios, las representantes de Memoria Activa hicieron un recorrido por la lucha por verdad y justicia, iniciada el 18 de julio de 1994: ”Fuimos víctimas de la impunidad, fuimos maltratadas. Y fuimos víctimas de todo lo que se podría haber evitado y no se evitó”, dijo Diana Wassner.
Ante numerosas preguntas de los jueces, también mencionaron la denuncia internacional efectuada en 1999 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en torno al caso AMIA, razón por la cual se arribó a esta instancia ante la Corte. “Tuvimos un Estado ausente durante 28 años”, expresó Adriana Reisfeld.
Ese Estado es el mismo que pareció también “ausente” durante la audiencia: no había ningún funcionario de rango y solamente hizo uso de la palabra en su alegato en el que reiteró su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, a la verdad, a la información y a la justicia, y reconoció que “no cumplió íntegramente” con sus obligaciones .
Asimismo, el Estado expresó su reconocimiento a la lucha de los familiares: “la República Argentina honra a la querella de Memoria Activa por su búsqueda de justicia y coherencia tantos años, cosa que no hizo la fiscalía del caso”; y reiteró su “compromiso ante la Corte para cumplir con las órdenes que oportunamente se dicten, como una sentencia vinculante de vocación transformadora”.
Si bien no están de más las afirmaciones del Estado, cierto es que, más de 28 años después, de nada sirven si no se materializan en cambios significativos en todas sus áreas y poderes, que garanticen los derechos de las víctimas, sus familiares y de toda la sociedad.
Testigos
En la audiencia, también declararon expertos, quienes aportaron su visión profesional acerca del proceso y sistemas de investigación del Estado. El perito judicial Fernando Domínguez habló sobre la “nefasta” actuación de los organismos de inteligencia en la causa AMIA y opinó que ”si hoy hubiese un nuevo atentado en nuestro país, ocurrirían los mismos problemas. Porque no hay una agencia de investigación”.
En la misma línea, la perita Natalia Federman, quien trabajó en el proceso de desclasificación de archivos, declaró que “la información en la causa AMIA es inaccesible para las partes y para la sociedad en su conjunto, a pesar de que en 2020 se dictó un decreto de desclasificación”. Dijo también que “las prácticas burocráticas de los organismos de inteligencia, su completa autonomía y falta de control externo, llevaron al estado actual de la causa”.
Prestó testimonio, a su vez, la perita por la CIDH Blanca Bazaco. Apuntó, entre otras cuestiones, que ”existe un fuerte vínculo entre los documentos tangibles y la defensa de los DDHH” y que ”se tiene que establecer una ley de archivos que establezca un órgano rector dentro del sistema archivístico”.
Alegato de Memoria Activa
Finalmente, en el alegato, los familiares y amigos de las víctimas del atentado nucleados en Memoria Activa resaltamos que “pasados casi 30 años, con una investigación arruinada y difícil de reconducir, la dimensión individual del derecho a saber y colectiva del derecho a la verdad cobran fuerza. Es lo que todavía se puede hacer. Es ética y políticamente ineludible”.
Es por ello que reclamamos, entre otras medidas, que el Estado garantice una unidad fiscal independiente, comprometida con la investigación, con la reconstrucción de la verdad, y abierta al diálogo permanente con las víctimas. Pedimos, a su vez, garantizar la desclasificación de archivos y establecer nueva jurisprudencia al respecto.
Al finalizar la audiencia, el presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, instó al Estado argentino a que comenzar de inmediato con las reformas sin esperar a la sentencia. Es en esa línea que esperamos la Corte, en su dictamen, obligue al Estado a realizar cambios sustanciales en lo relativo a la investigación y que efectivamente disponga reformas para que en Argentina haya juicios serios, libres de desvíos y encubrimientos. Solicitamos, en definitiva, recursos que harán que vivamos todos en un país más justo para que nunca más ocurra lo que sucedió con la causa AMIA.
La audiencia, para nosotros, representó un último escalón en la lucha de tantos años y un halo de esperanza depositado en la sentencia de la Corte. El camino hacia la verdad y la justicia ha sido largo, laberíntico, complejo, frustrante, decepcionante y aun así continuamos persiguiendo nuestros derechos, en gran parte, gracias al apoyo y colaboración del CELS y otros organismos de DDHH, y a los compañeros de lucha de Memoria Activa.
Sin embargo, tras esta experiencia a nivel internacional, ya no nos quedan puertas por tocar ni instancias judiciales serias para descubrir la verdad. Pocas oportunidades ha habido como esta en una lucha contra quienes, desde espacios de alto poder, aun siguen trabajando a favor de la impunidad. Es por eso que, como dijo Adriana Reisfeld, “de la Corte esperamos simplemente justicia”.
La sentencia de la causa internacional AMIA llegará en aproximadamente tres meses. La grabación de la audiencia con las declaraciones de las partes puede verse aquí.
Gracias por acompañarnos siempre en esta lucha por verdad y justicia.
