Alegato final ante la CIDH 11/11/2019

Sres comisionados, sr secretario ejecutivo,

Los atentados se previenen y se investigan. El estado argentino no hizo ninguna de las dos cosas. El pasado 18 de julio se cumplieron 25 años del atentado a la sede de la AMIA. Y hoy escuchamos a dos de las referentes más fuertes y consecuentes, que perdieron a sus familiares ese día, contando lo difícil y tortuoso que fue el camino de búsqueda de verdad, memoria y justicia.  Escuchamos cómo les cambió la vida a ellas y a sus familias y cómo se tuvieron que meter en lo profundo del estado para entender qué estaba pasando. Todavía les resulta difícil de entender.

El caso AMIA es el caso de la mentira, de la mentira, de la mentira, del secreto de estado para tapar negocios y delitos, de la falta de empatía con las víctimas, de la manipulación política para proteger aliados, para esconder claudicaciones ante intereses extranjeros, para sacar rédito electoral. Como dijo el tribunal que  anuló la investigación en 2004: el PE, el juzgado y la fiscalía construyeron una acusación falsa para simular una respuesta y para “satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”. Aun luego de todos estos años, el Estado no dio una respuesta sobre el atentado y tardó 20 años en juzgar a algunos de los responsables del desvío y del encubrimiento.

Para entender qué pasó con la AMIA hay que retrotraerse al atentado en la Embajada de Israel en 1992. El Estado argentino no se tomó en serio este atentado. La investigación quedó sometida a la lógica política. Los servicios de inteligencia hegemonizaron la información y la pesquisa. El estado no adoptó ninguna otra medida orientada a la prevención de futuros ataques. No revisó seriamente las fallas de seguridad que posibilitaron el atentado, ni creó organismos preparados para actuar ante sucesos de esa naturaleza. Dos años después, explotó la sede de la AMIA. Murieron 85 personas y más de 150 heridos pudieron ser identificados. El Estado volvió a fallar en la prevención y volvió a fallar en la investigación.

Según pudimos descubrir, en 1993, antes de que explote la AMIA, un sector del servicio de inteligencia nacional ya seguía como sospechoso a un grupo vinculado a la comunidad iraní en Bs As., con supuestas conexiones con hezbollah, por el atentado a la embajada de Israel.

En el juicio “AMIA Encubrimiento”, que terminó en 2019, le preguntaron al ex jefe operativo de la inteligencia argentina Antonio Horacio Stiuso sobre Moshen Rabbani, uno de esos sospechosos, que vivió 13 años en argentina. Respondió que aparecía en el primer atentado y que por eso se lo controlaba, a él y a su entorno. Dijo que incluso en años anteriores se lo había visto preguntar por una Trafic. El informe Grossman ya lo mencionaba. El Tribunal oral federal 2, que juzgó el encubrimiento, lo dio por probado. En los documentos desclasificados aparece también la hipótesis de la inteligencia argentina que conectaba los dos atentados. Sabemos también que, en los primeros días de julio de 1994, la cónsul argentina en Milán recibió una advertencia de un ciudadano brasilero sobre que se preparaba otro ataque a la institución judía más importante en argentina. El Estado había recibido otras alertas por parte de Brasil. No les dio importancia.

El Estado estaba advertido de otro posible atentado y no cumplió ni las más mínimas medidas de seguridad. Tenía sospechosos identificados antes del atentado pero no orientó una verdadera investigación sobre estas pistas.

En lugar de ello, en las primeras horas de la explosión comenzó a moverse la maquinaria estatal para armar una “versión oficial” del atentado. El gobierno del ex presidente Menem coordinó con Israel y Estados Unidos responsabilizar a Irán y a Hezbollah por el atentado. Un cable diplomático de 1994, pero desclasificado 10 años después, mostró cómo el gobierno argentino y el israelí acordaron “coordinar una versión coincidente del atentado”, con el propósito de “presentar a la prensa… una versión unificada de lo ocurrido”. Este intercambio, del más alto nivel político, generó una fuerte sospecha de que la búsqueda de la verdad sobre el atentado iba a quedar relegada a intereses políticos espurios y personales. La “coordinación de versiones coincidentes” implicaba dejar la investigación judicial en un segundo plano para acordar una versión política conveniente a los dos Estados. Esta sospecha quedó reforzada cuando Menem declaró que tenía información adicional pero que no la daría porque podría afectar intereses de la nación.

Lo que se acordó realmente fue no develar la trama del atentado. Esto implicaba alinearse con las agencias extranjeras en responsabilizar a Hezbollah y a Irán del atentado pero no materializar una verdadera investigación que permitiera llegar a los responsables extranjeros (grupo operativo y autores intelectuales) y a conocer el verdadero apoyo local. Y permitiría, también, proteger aliados o amigos, esconder negocios ilegales, no hacer públicas vinculaciones y conexiones internacionales que debían permanecer bajo secreto de Estado.

El Estado argentino tampoco se dispuso a revisar las fallas de seguridad que posibilitaron este segundo atentado. Dos atentados internacionales y ninguna disposición a revisar el aparato de seguridad e inteligencia.

Así, los primeros años de la investigación judicial quedó digitada por el Poder Ejecutivo desde la agencia de inteligencia nacional. El juzgado federal a cargo del ex juez Galeano y la fiscalía trabajaron a sus órdenes. La información que se logró desclasificar hasta el momento  mostró los rastros concretos de este armado.

Con el correr de los años, y luego de descubierta la trama del encubrimiento, quedó claro que el Estado argentino no investigó realmente la mecánica del atentado, ni a sus posibles autores. Tal fue la disociación entre la respuesta política y diplomática (que repetía y repite que los dos atentados ya están resueltos) y la investigación judicial, que los funcionarios de la Embajada iraní sospechados y su entorno pudieron salir del país (quizás ayudados por el propio estado), los investigadores obstaculizaron allanamientos, perdieron prueba y dejaron de analizar la relevante, escondieron informes de inteligencia con datos importantes, entre muchas otras irregularidades cometidas.

Dos sentencias corroboran que el estado se organizó para encubrir y que el fracaso de las investigaciones no fue ni por la complejidad del tema ni por mera negligencia. La primera de 2004 anuló la investigación del atentado por estar plagada de irregularidades. El juzgado y la fiscalía con la agencia de inteligencia armaron una acusación falsa contra un grupo de policías bonaerenses y los acusaron de ser la conexión local del atentado. Estuvieron detenidos, fueron extorsionados, usaron fondos reservados de la agencia de inteligencia para solventar la investigación falsa. El tribunal los declaró inocentes y mandó a investigar a los funcionarios a cargo de la investigación. La segunda sentencia, de 2019, dio por probada la “maniobra global de encubrimiento” que constó del pago ilegal para acusar sin sustento a los policías y del desvío de la investigación para proteger a ciudadanos sirios cercanos a la familia presidencial y supuestamente conectados con el grupo iraní sospechado de haber participado en los dos atentados. Es decir, el Estado no solo orientó la investigación contra inocentes sino que dejó de investigar los indicios que constaban en la causa por información previa de inteligencia y por elementos nuevos que aparecieron en los meses posteriores a la explosión. El tof2 a cargo del juicio sostuvo que se trató de “mera apariencia de proactividad investigativa”.

Así pasaron los primeros 10 años. En 2003, ya con la acusación de los policías bonaerenses cuestionada y la pelea política interna saldada, la agencia de inteligencia presentó al presidente de ese momento y al juzgado federal un Informe de inteligencia con la hipótesis oficial del atentado que identifica a los posibles autores hasta el día de hoy. Sostiene la versión oficial acordada con las agencias extranjeras que responsabiliza a Irán y a Hezbollah, descarta todo lo que tuvo que ver con los policías bonaerenses, sistematiza las sospechas previas al atentado y postula como posible móvil que el gobierno argentino había suspendido la asistencia comprometida en materia tecnológica y nuclear. El atentado habría sido una represalia a esta política. Investigaciones periodísticas sostienen que además de la cuestión de los acuerdos nucleares, los atentados podrían haber  estado vinculados al tráfico ilegal de armas, maniobras que involucrarían al Estado argentino en la triangulación de armamento.

Como víctimas y familiares, querellantes en las causas judiciales en trámite, no podemos saber realmente si esta información de inteligencia es verdadera. Queda fuera de toda nuestra posibilidad chequear o corroborar información de este tipo. Muy poco de todo esto tiene sustento en el expediente judicial. Lo que sabemos y hay evidencia es que el Estado sabía o sospechaba que esto podía ocurrir y sabía o sospechaba quiénes pusieron la bomba y quiénes colaboraron. Pero en lugar de investigar seriamente puso en marcha la maquinaria del encubrimiento.

Así, el Estado se protegió a sí mismo. Dejó todo bajo secreto. Maniobró para ocultar la trama, a los responsables y la verdadera conexión local.

Como dijimos, no se trata sólo de un caso de falta de justicia. Cuatro cuestiones explican el incumplimiento estatal a los deberes de prevenir y de investigar:

En primer lugar, la investigación del atentado quedó sometida a los intereses políticos del gobierno de aquél entonces, que desvió el caso  para no hacer visible su involucramiento en negocios ilegales y para proteger a personas cercanas a la familia presidencial.

En segundo lugar, el caso quedó sometido a los intereses geopolíticos de las agencias de inteligencia extranjeras que impulsan una versión oficial del atentado que culpabiliza a Irán y a Hezbollah pero no promueven una verdadera investigación que brinde luz sobre la trama del atentado, en su conexión internacional y local. No estuvieron dispuestos a que se investigue ni el atentado a la Embajada de Israel, ni el de la AMIA. Hoy el atentado sigue siendo usado y manipulado para mostrar alineamiento en los foros internacionales. En oposición, a nivel local, las agencias encargadas de la investigación son debilitadas o desarticuladas.

En tercer lugar, esta configuración política para mantener en secreto lo que pasó en el atentado confluyó con jueces, fiscales y funcionarios judiciales sin escrúpulos que estuvieron dispuestos a inventar culpables y a mostrar resultados falsos, dando la espalda a las víctimas. Y una vez conocida la maniobra de encubrimiento, todo se volvió más oscuro cuando gran parte del sistema político y del judicial estuvo dispuesto a sostener la mentira y a apoyar corporativamente a estos funcionarios. La lógica de encubrimiento permanente, y de una red extendida de apoyo, explica que hayamos tardado 20 años en lograr la condena por el encubrimiento.

Por último, fue determinante para que no se prevenga el atentado y fracase la investigación, el muy deficiente funcionamiento de los organismos de inteligencia, de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial argentino. La manipulación y el desvío de la causa judicial fue posible, por la connivencia de funcionarios de alto nivel de estas agencias con intereses ajenos a la búsqueda de la verdad. Pero también por la forma del trabajo judicial y la lógica del secreto bajo la cual quedó la causa. La cuestión del secreto y del uso de agentes de inteligencia como auxiliares de la justicia requiere atención especial porque no fue hasta que se levantó el secreto y se desclasificó parte de la información que se pudo empezar a conocer la maniobra de encubrimiento. Sin embargo, como escuchamos recién en las declaraciones, el secreto se mantiene y el acceso a los documentos no es total. Hasta hoy tenemos que resguardar la reserva de quienes declararon en juicio. Hasta hoy la fiscalía sigue sometida a la lógica de las agencias de inteligencia para investigar el atentado.

Es tan difícil explicar el caso, tiene tantos vericuetos, tantas frustraciones, tantas capas de encubrimiento que no alcanza el tiempo. Lo central a entender es que desde el mismo día de la explosión, el estado argentino puso a funcionar la maquinaria del encubrimiento. Y que fue el esfuerzo de los familiares el que permitió que salga a la luz.

La historia de la investigación del encubrimiento es tan tortuosa y tan cansadora como la del atentado. Memoria Activa cargó sobre sus espaldas el avance de las denuncias. Hubo que vencer sobreseimientos fraudulentos, soportar demoras larguísimas y resistencias corporativas, ver fiscales que nunca impulsaron la investigación ni sostuvieron los recursos, hubo que pedir la remoción de jueces, que se levante el secreto, sufrir la falta de apoyo y de recursos, entre muchas otras cuestiones. Fueron 25 años de persistencia de estos familiares que buscan verdad y justicia y que no estuvieron dispuestos a que se condene a inocentes.

Y aún así, con una sentencia de condena por el encubrimiento, el resultado es amargo, parcial y tardío. Las penas fueron bajas a pesar de la gravedad de los hechos, inexplicablemente el ex presidente menem no fue condenado, los fiscales recibieron el apoyo del ministerio de justicia que dio la orden de no acusarlos, y muchos otros que participaron ni siquiera están siendo juzgados. En el documento que acompañamos explicamos con detalle lo que el tribunal oral 2 dio por acreditado y lo que falta aún investigar.

En definitiva,  hoy a pesar de tener probado el encubrimiento, no tenemos verdad sobre el atentado. La investigación quedó trunca y  difícilmente pueda enderezarse.

Lo que pudimos saber en estos últimos años habla más de la desidia y la mala praxis de la investigación que de avances sustantivos. Hubo períodos de parálisis absoluta. Recién después de más de 20 años, por iniciativa de nuevos fiscales se encontró material genético perdido en un freezer de la policía federal, recién después de estos años pudimos saber quién era la victima 85, recién después de estos años la ufi amia encontró los videos de las autopsias que ayudaron a confirmar la existencia de la camioneta en la explosión.

Como dijimos, no se trata únicamente de un estado negligente, poco cuidadoso. No es un simple caso de impunidad, de problemas de investigación. Estamos frente a un estado encubridor, que desplegó todas sus redes para armar una “versión oficial” del atentado pero impidió que se conozca verdaderamente la trama de un hecho que mató a 85 personas, hirió a más de 150 y lastimó a toda la sociedad.

Durante todos estos años fue quedando claro la estructuralidad del problema. Falló el sistema de seguridad e inteligencia nacional, falló el sistema de justicia, y falló el sistema de investigación criminal.

Tal como sugirió el informe Grossman de 2005 están cumplidos los requisitos formales de admisibilidad de la petición. Nos remitimos al informe y a nuestras presentaciones. Pero además el Estado reconoció su responsabilidad internacional y dictó el decreto PEN 812, aun vigente. Este reconocimiento, sin embargo, no redundó en acciones concretas para cumplir la agenda de reparaciones que allí se preveía. Por eso, en 2009 dimos de baja el proceso de solución amistosa.

El estado fue aun más lejos. Llegado 2016, en ocasión de la evaluación de argentina por el consejo de derechos humanos de naciones unidas, puso en discusión los compromisos asumidos al reconocer la responsabilidad.  Esto implicó mala fe de su parte pero además la persistencia de las violaciones alegadas, a la que se sumó la violación de la obligación del art 2 de la Convención, de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los derechos.

Llamativamente, en 2017, el Estado volvió a ofrecer un proceso de solución amistosa al que nos opusimos. Lo hizo en el marco de acciones claramente regresivas. Meses antes había derogado el decreto 1311/15 por el que se que había previsto transparentar el uso de los fondos reservados de inteligencia. También había propuesto, como parte del cumplimiento, la sanción del juicio en ausencia, con los riegos de incorporar esa figura en este caso, que siempre se quiso cerrar sin averiguar la verdad. Por último, habían debilitado a la unidad especial del PE.

Llegados  a este punto, entendemos que la H comisión tiene que dictar, sin más demora, el informe de admisibilidad y fondo y, eventualmente, elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entendemos también que, en razón de las características del hecho y del rol que jugó el Estado en la falta de prevención, así como en la falta de investigación y en el encubrimiento, la CIDH debe tratar el caso como una grave violación de derechos humanos^[1] de la que se deriva el deber calificado de investigar y la obligación de garantizar el derecho a la verdad de las victimas y de la sociedad argentina. Destacamos que a nivel nacional, el atentado fue reconocido como un crimen de lesa humanidad y su encubrimiento como una grave violación.

En definitiva, entendemos que el estado debe ser declarado responsable por:

• la violación del derecho a la vida y a la integridad personal por la falta de prevención del atentado;
• la violación del derecho a la integridad personal de los peticionarios y de sus familiares por los padecimientos sufridos durante todos estos años;
• la violación del derecho a contar con garantías judiciales y a una protección judicial adecuada;
• la violación del derecho a la verdad;
• y la violación del art 2 de la CADH en forma autónoma.

Solicitamos también a esta Ilustre Comisión que se tenga en cuenta la agenda de reparaciones que detallamos en la presentación que acompañamos.

El contenido de las reparaciones debe estar orientado no solo a responder a las víctimas sino a intervenir sobre los déficits institucionales reseñados, en relación con el sistema de seguridad, de inteligencia, y de justicia, que posibilitaron que un cuarto de siglo después no tengamos una investigación seria, expedita e imparcial, y que numerosos obstáculos continúen hasta hoy. En tanto grave violación de derechos humanos, las reparaciones deben garantizar además el derecho a la verdad.

En este sentido, resulta central que el Estado desarrolle acciones específicas para sostener la memoria colectiva del atentado y del proceso de búsqueda de justicia. Y que el Estado cumpla, finalmente, con su deber agravado de investigar.

Como dijo Memoria Activa en el 25 aniversario del atentado, hace 25 años que están parados en el mismo lugar. En la puerta de la AMIA escuchando la explosión. Sin respuesta.

Muchas gracias.

[1] Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, párr. 301 inciso e. Corte IDH. Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017. Serie C No. 333, párr. 292. Corte IDH. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Serie C No. 318, párr. 445.