La querella de familiares de las víctimas nucleados en Memoria Activa presentó hoy un nuevo tramo de su alegato final ante los jueces del Tribunal Oral Federal 2. El alegato concluirá este jueves con el pedido de penas para todos los acusados por el encubrimiento del atentado a la AMIA.
La exposición a cargo del abogado Rodrigo Borda en este juicio por delitos cometidos en torno a la investigación del mayor ataque terrorista de Argentina, se centró en la participación de cada imputado en uno de los hechos centrales que se juzgan en el debate oral y público: el pago ilegal a Carlos Telleldín con fondos públicos para que inculpara falsamente a policías bonaerenses por el atentado.
La presentación de pruebas que acreditan el soborno de 400 mil dólares y delitos conexos viene llevándose a cabo hace varias semanas por lo que en esta audiencia se concluyó con el relato y se enumeraron las responsabilidades de cada uno de los partícipes en la operación y su encubrimiento.
En ese sentido, se dio por acreditado que el entonces titular de la SIDE menemista, Hugo Anzorreguy, fue determinante para que la maniobra de pago ilegal se concretara. El ex secretario es considerado autor del delito de peculado por haber autorizado el uso de los fondos a su cargo para pagarle a un imputado con el fin de que éste mienta y declare una versión falsa de los hechos, previamente acordada con el ex juez, Juan José Galeano.
El entonces magistrado a cargo de la causa más importante del momento, Galeano, es penalmente responsable, tal como indican las pruebas, de haber negociado la nueva versión con el imputado Carlos Telleldín, de haber pedido el dinero y coordinado la maniobra y su posterior encubrimiento, de modo que no quedara registrado en el expediente.
“Galeano tuvo un rol fundamental en todo el suceso: propició el contexto, acordó la declaración con Telleldín, solicitó a Anzorreguy y a Finnen los fondos públicos para pagar por esa declaración, negoció las condiciones del pago, y dispuso y coordinó con la SIDE el operativo clandestino para darle a esos fondos un destino ajeno a la administración pública”.
Así, la participación del agente de inteligencia Patricio Finnen, queda al descubierto con el repaso de la operación, por lo que el imputado también debe ser considerado partícipe necesario del peculado.
Pero para que la versión falsa comprada con 400 mil dólares del Estado tuviera algún tipo de sustento (también falso), la negociación del exjuez Galeano y Telleldín incluyó una serie de supuestos testigos (que al mismo tiempo eran imputados, algo sólo permitido en el Código Galeano), que fueron coaccionados por el entonces magistrado para que aportaran datos que avalaran la historia nunca probada de que los policías bonaerenses le sacaron a Telleldín la trafic usada como cochebomba.
Por lo tanto, Memoria Activa también acusó a Galeano por su autoría en el delito de coacción, privación ilegítima de la libertad de los ex policías y prevaricato, ya que sumó a la maniobra resoluciones arbitrarias que por supuesto sabía falsas e ilegales, manipuló pruebas y tomó como válidos análisis tendenciosos de los supuestos elementos contra los ex policías, quienes pasaron más de siete años en prisión.
“Se valieron de maniobras y actos procesales que no sólo eran nulos sino que eran actos delictivos o partes de una maniobra con un fin delictivo. Actos ilegales hechos con pleno conocimiento de lo que implicaban y de la connotación que tenían. Tal actuar desviado estaba motivado en la necesidad de sostener una pista que sabían falsa. No es un problema de desprolijidades”, sostuvo Borda en relación tanto al ex juez Galeano como a los funcionarios que lo acompañaron en todo, quienes son hoy protegidos del ministro de Justicia.
Nos referimos a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, también imputados en este juicio como partícipes de la privación ilegal de la libertad de los policías, las coacciones y el peculado. Es decir, un accionar indispensable para que el armado arquitectónico artificial de la llamada pista policial se concretara.
Si bien los ex fiscales pretendieron en sus declaraciones indagatorias despegarse del accionar delictivo y expresar, por más inverosímil que resultara para cualquiera, que desconocían el famoso pago y se enteraron recién en el juicio por el atentado, de las pruebas se desprende que “Mullen y Barbaccia mienten”.
“Acusaron a los policías de participar en el atentado a pesar de que no hubieran pruebas en el expediente sobre ello. Sólo era la declaración de Telleldín y sus testigos, motivadas en el pacto venal que ellos apoyaron. Eran conscientes de lo ocurrido y actuaron en coherencia con eso. Apoyaron el pago y se sirvieron de él para imputar a los ex policías y luego contribuyeron con el encubrimiento del mismo”.
Por último, Rodrigo Borda explicó con detalle la participación en el pago ilegal, también fundamental, del ex titular de la DAIA Rubén Beraja, quien ostentaba en ese entonces un lugar de poder tanto a nivel de la comunidad judía como en el contexto político argentino.
“No era un dirigente cualquiera. Era el más importante de la comunidad con un enorme poder político. Él mismo reconoció que tenía un trato cercano con el presidente de la nación y acceso a ministros, legisladores y jefes de policía. Era una persona muy influyente por lo que es significativo el apoyo y la cobertura que dio Beraja desde su posición de poder al emprendimiento delictivo que llevaron a cabo Anzorreguy y Galeano”.
Queda claro, con esto, que sin el apoyo de Beraja la maniobra no se hubiera concretado o al menos no hubiera ocurrido de la forma en la que se dio,.“no con esa impunidad de la que gozaron y ese cheque en blanco que les dio Beraja para llevar adelante todas las irregularidades”.
