Con varios imputados ausentes, continuó la presentación de Memoria Activa en el juicio que investiga el encubrimiento del atentado a la AMIA.
Si bien el ex presidente Carlos Menem, uno de los mayores responsables de la impunidad en el caso AMIA, y otros más como Anzorreguy y el Fino Palacios no se hicieron presentes hoy en el subsuelo de los tribunales federales, el debate oral y público se reanudó con la presentación de pruebas contra los trece acusados, particularmente respecto a los delitos relativos al pago ilegal a Carlos Telleldín para que declarara contra los policías bonaerenses.
Al inicio del alegato, el abogado Rodrigo Borda hizo mención a la gravedad de la denuncia presentada contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, y sus asesores por el intento de encubrir a los encubridores (la impunidad es redundante) Eamon Mullen y José Barbaccia al pedir sus absoluciones en el escandaloso alegato de la querella estatal, encabezado por el inhabilitado José Console y el apoderado Horacio Di Filippo (cuya presencia últimamente en el juicio se materializa en ocupar un asiento y cerrar sus párpados). Mientras lo decía, el presidente del tribunal lo interrumpió al considerar que no era un tema pertinente para la etapa de alegatos.
Sin embargo, Borda explicó que el asunto es significante para la causa y, por eso, también habló brevemente de la carta de algunos familiares, quienes no son querellantes en este juicio y por lo general son más cercanos a la dirigencia comunitaria, y resaltó su denuncia pública contra Garavano.
Tras esos comentarios que, adelantó Borda, se retomarán al final del alegato, la querella continuó repasando los delitos cometidos particularmente por el ex juez de la causa, Juan José Galeano en tándem con los ex fiscales, claros cómplices y partícipes de la maniobra.
Por un lado, además del acuerdo con Carlos Telleldín para que mienta contra los policías, Galeano presionó a los testigos allegados al doblador de autos para que declararan de manera coherente con la nueva versión falsa, de modo que aparecieran otros elementos que la sustentaran.
Todo ese accionar fue avalado por Mullen y Barbaccia, quienes, en base a la nueva declaración de Telleldín, pidieron en un escrito de una sola hoja las detenciones de quince policías bonaerenses por participar de la conexión local del mayor atentado terrorista de Argentina. “Los entonces fiscales pidieron la prisión para los supuestos culpables del atentado explicándolo en apenas unos párrafos y basándose solamente en los dichos de Telleldín”, enfatizó el abogado.
La cantidad y calidad de ese escrito puede compararse con un escrito que los mismos fiscales presentaron el año anterior -ese sí muy extenso- en el que explicaban que Carlos Telleldín era “un mentiroso” al igual que su pareja Ana Boragni y que a ellos “no se les podía creer absolutamente nada”. Es decir, solicitaron detenciones en 1996 tomando como prueba de cargo la declaración de la misma persona que tiempo atrás habían llamado mentirosa. “No fue de casualidad. Eran funcionales al armado de la maniobra policial y a los métodos ilegales que usó Galeano para darle algún sustento a esta pista. Sabían que se había pagado”, sostuvo Borda sobre los ex fiscales.
A su vez, Mullen y Barbaccia presentaron el pedido de detención de los policías justo cuando se había concluido con las declaraciones de Telleldín y el resto de los testigos coaccionados. Y, en sintonía con ello, el entonces juez les respondió con la positiva tan solo un día después. “La efectividad sin duda fue muy buena porque Galeano hizo lugar a 14 de esas detenciones”
En la misma línea, Galeano dictó el procesamiento de los policías bonaerenses Ribelli, Leal, Ibarra y Bareiro como principales responsables locales del ataque terrorista.
En su argumentación, además de los dichos pagados de Telleldín, el ya destituido magistrado tomó como pruebas contra los agentes policiales declaraciones de testigos coaccionados y aquellos que hablaron sobre las actividades (ilícitas) de Telleldín y sus vínculos con policías pero que nada dijeron sobre la entrega de la Trafic a las brigadas de Lanús o de Vicente López el 10 de julio de 1994.
“Galeano no presentó ningún elemento que probara la entrega de la camioneta a la policía. Nada. Fue una resolución prevaricadora”.
A pesar de todo, lo que quedó claro es que, “más allá de estos testimonios falaces que se pagaron, no había ninguna prueba de que los policías se hubieran llevado la Trafic”.
Muy a pesar de ello, la querella de AMIA y DAIA acompañó desde el comienzo el planteo del juzgado de Galeano, basando su postura en los elementos que eran a las claras arbitrarios, como la manipulación de los llamados telefónicos que supuestamente situaban al policía Ribelli en el domicilio de Telleldín. “Qué coincidencia. Con el mismo armado fraudulento que hizo Galeano”.
