Audiencia N°172 – 21/2/2019

El juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA continuó hoy con las últimas palabras de los imputados Juan Carlos Anchezar y Eamon Mullen. El primero, esbozó unos agradecimientos mientras que, como era de esperar, el exfiscal Mullen reeditó su declaración indagatoria y formuló un alegato denunciando operaciones político mediáticas en su contra y presiones al tribunal vía twitter (sí, fuertísimo) por parte de Memoria Activa.

En sintonía con lo dicho la semana pasada por su excompañero de la fiscalía del caso AMIA, José Barbaccia, el acusado Eamon Mullen expresó con mucho cinismo su enojo por un supuesto superpoder que, según él, ejerce Memoria Activa (¡por redes sociales!) para presionar jueces. Sobre ello, leyó casi cuarenta minutos de un manojo de papeles (otro de los privilegios fuera de ley que se le otorgan a los acusado V.I.Py).

“Voy a hablar aunque Memoria Activa presione fuera de esta sala para que me tapen la boca”, sostuvo Mullen sin despeinarse. Se refirió así a las reseñas que, desde nuestro punto de vista, escribimos cada audiencia. Como si no tuviéramos derecho a denunciar maniobras del gobierno y un sector de Comodoro Py para salvar imputados.

Con sus descargos finales, Mullen y Barbaccia contestaron a nuestros dichos en las redes sociales a falta de poder contestar la acusación realizada dentro del tribunal. Por ejemplo, hoy Mullen leyó gran parte del comunicado de la semana pasada pero justo omitió contestar justo el párrafo acerca de sus propios llamados telefónicos al agente de la SIDE “Pinocho” durante la operación de pago ilegal a Carlos Telleldín, prueba irrefutable de su responsabilidad penal.

También, Mullen hizo hincapié en que la acusación en su contra fue producto de un complot político, “campañas sucias e intentos de instalación de mentiras en los medios de comunicación” por parte de los familiares. Menos mal que le aclaró al tribunal que él nunca agravió a los querellantes.

¿Será que de verdad tenemos tanto poder? ¿Cómo es posible, entonces, que hasta ahora no hayamos conseguido verdad y justicia? ¿Cómo es que con tanto poder de los familiares y víctimas, personajes como Mullen, Barbaccia y Galeano lograron desviar la investigación del atentado más importante del país?¿Por qué a pesar de estar procesados por gravísimos delitos “no excarcelables”, según la jerga tribunalicia, ellos nunca estuvieron privados de la libertad, ni siquiera un minuto?

Y más aún, ¿”presión” es publicar un comunicado en las redes sociales? ¿De verdad el imputado Mullen considera que un tuit de Memoria Activa condiciona al tribunal, pero las maniobras descaradas del gobierno y un sector de Comodoro Py en su defensa resultan inocuas?

En resumen, los exfiscales tienen a su favor a la prensa hegemónica; al gobierno nacional a través de la querella del Ministerio de Justicia y la presencia de asesores del ministro en la sala de audiencias; a la dirigencia comunitaria judía cómplice del encubrimiento; y a los integrantes de la familia judicial, muchos de los cuales se encontraban entre el público. Pero las presiones las ejerce Memoria Activa, que, dicho sea de paso, ningún derecho tiene a hacer público el encubrimiento del encubrimiento y a cuestionar a la Justicia Federal luego de 25 años de impunidad.

Finalmente, el acusado resaltó como positivo que la AMIA y la DAIA siempre los defendieron y apoyaron, actitud esperable de las instituciones cómplices del encubrimiento. Resulta ostensible que esto no habla de su inocencia, sino más bien lo contrario. La complicidad de la dirigencia comunitaria persistió todos estos años, al encubrir la participación de su ex presidente Rubén Beraja en el desvío de la investigación como la de otros que lo acompañaron en ese entonces como Luis Dobniewski, Miguel Bronfman y Marta Nercellas, quienes precisamente se encontraban hoy sentados entre el público que apoyaba al ex fiscal.

En definitiva, si Mullen y Barbaccia llevaron a la sala de audiencias las expresiones de Memoria Activa propias del ámbito público (como son las redes sociales) y cuestionaron el derecho a poner en duda la actuación conforme a derecho de la Justicia, es porque no lograron en todo el proceso responder a aquello de lo que sí corresponde hablar al interior del debate: las pruebas en su contra. Así, los exfiscales terminan el juicio sin haber logrado rebatir los delitos que se les imputan. Por eso debieron recurrir en su defensa a denuncias políticas infundadas e irrespetuosas. Ya está claro, son culpables.