Audiencia pública ante la CIDH 11/11/2019

El 11 de noviembre se realizó en Quito, Ecuador la audiencia de alegatos por la causa AMIA durante el 174 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Participaron de la audiencia Diana Wassner de Malamud y Adriana Reisfeld, de Memoria Activa, junto con su abogado Rodrigo Borda, y el CELS -que representa a la asociación de familiares de víctimas de la AMIA ante la Comisión-. 

Esta audiencia es el último paso antes de que la Comisión dicte el informe de admisibilidad y fondo y declare la responsabilidad internacional del Estado argentino por la falta de prevención del atentado, el desvío y encubrimiento de la investigación, la denegación de justicia y la falta de verdad. Luego de eso, la causa AMIA pasará a la Corte IDH. 

La audiencia comenzó con la declaración de Diana Wassner. Su esposo, Andrés Malamud, fue asesinado en el atentado el 18 de julio de 1994. A 25 años de aquel hecho “no hay nadie preso por la causa AMIA, ni nadie ha sido juzgado por el asesinato de 85 personas. Y fue una decisión del Estado argentino que no sepamos la verdad”, dijo ante el comisionado Luis Ernesto Vargas y las comisionadas Antonia Urrejola Noguera, Margarette May Macaulay y la secretaria adjunta de la CIDH Marisol Blanchard. Ante la pregunta sobre el encubrimiento del atentado a la AMIA, explicó cómo “algunas de las personas que tenían a su cargo la investigación del atentado y buscar justicia, en lugar de hacer eso le pagaron a un imputado para que mienta, crear culpables falsos y cerrar la causa”.

Wassner agregó también que “nosotros teníamos una solución amistosa con el Estado argentino, que no cumplió. Por eso después de tantos años queremos la verdad y que se vaya a la Corte”.

Luego dio testimonio Adriana Reisfeld. Su hermana Noemí murió en el atentado y recién seis días después la encontraron bajo los escombros. Adriana crió a sus dos sobrinas, junto a sus tres hijos. La vida de las y los familiares cambió para siempre después de ese 18 de julio. En su caso, se dedicó a buscar verdad y justicia. Contó ante la Comisión cómo “todos los gobiernos defraudaron a los familiares, pero el de Macri subió la vara. El ministro Garavano, como era amigo de Mullen y Barbaccia, nos dijo que ellos no tenían nada que ver, que eran jóvenes e hizo todo por salvarlos. No acusaron a los exfiscales en la causa por el encubrimiento del atentado, aunque fueron condenados. Una vergüenza”. Adriana contó también cómo fue sostener el reclamo durante tantos años de impunidad: “siempre teníamos que dar explicaciones de por qué buscábamos justicia, cuando es nuestro derecho; en la primera semana del atentado se armó el encubrimiento”.

El Estado volvió a reconocer su responsabilidad pero solo hizo una defensa del Ministro de Justicia Germán Garavano y un repaso de acciones vacías para estos 25 años. No ofreció encarar nuevas estrategias, ni medidas que implique su voluntad real de acercarse a las víctimas y darles una respuesta. 

En el alegato, el CELS y Memoria Activa afirmaron, una vez más, que el caso AMIA es el caso de la mentira, del secreto de Estado para tapar negocios y delitos, de la falta de empatía con las víctimas, de la manipulación política para proteger aliados, para esconder claudicaciones ante intereses extranjeros, para sacar rédito electoral. Como dijo el tribunal que anuló la investigación en 2004: el Poder Ejecutivo, el juzgado y la fiscalía construyeron una acusación falsa para simular una respuesta y para “satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”. Aún luego de todos estos años, el Estado no dio una respuesta sobre el atentado y tardó 20 años en juzgar a algunos de los responsables del desvío y del encubrimiento. 

El Estado argentino no tomó en serio el atentado a la Embajada de Israel en 1992. La investigación quedó sometida a la lógica política. Los servicios de inteligencia hegemonizaron la información y la investigación. El Estado no adoptó ninguna medida orientada a la prevención de futuros ataques, ni revisó las fallas de seguridad, ni creó organismos preparados para actuar ante sucesos similares. Dos años después, explotó la sede de la AMIA. Murieron 85 personas y más de 150 heridos pudieron ser identificados. 

Hay cuatro cuestiones que explican el incumplimiento estatal a los deberes de prevenir y de investigar: 

Primero. La investigación del atentado quedó sometida a los intereses políticos del gobierno de entonces, que desvió el caso para no hacer visible su involucramiento en negocios ilegales y para proteger a personas cercanas a la familia presidencial. 

Segundo. El caso quedó sometido a los intereses geopolíticos de las agencias de inteligencia extranjeras que impulsan una versión oficial del atentado que culpabiliza a Irán y a Hezbollah pero no promueven una verdadera investigación que brinde luz sobre la trama del atentado, en su conexión internacional y local. 

Tercero: La configuración política para mantener en secreto lo que pasó en el atentado confluyó con jueces, fiscales y funcionarios judiciales sin escrúpulos que estuvieron dispuestos a inventar culpables y a mostrar resultados falsos. Y una vez conocida la maniobra de encubrimiento, todo se volvió más oscuro, ya que gran parte del sistema político y judicial estuvo dispuesta a sostener la mentira y a apoyar corporativamente a los funcionarios. Esa lógica explica que recién 20 años después se haya logrado la condena por el encubrimiento.  

Cuarto. Fue determinante el muy deficiente funcionamiento de los organismos de inteligencia, de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial argentino. La manipulación y el desvío de la causa judicial fue posible por la complicidad de funcionarios de alto nivel de estas agencias con intereses ajenos a la búsqueda de la verdad. Pero también por la forma del trabajo judicial y la lógica del secreto bajo la cual quedó la causa. 

La cuestión del secreto y del uso de agentes de inteligencia como auxiliares de la justicia demanda una atención especial no solo en la causa AMIA. No fue sino hasta que se levantó el secreto y se desclasificó parte de la información que se pudo empezar a conocer la maniobra de encubrimiento. Sin embargo, hoy el secreto se mantiene y el acceso a los documentos que afectan al caso no es total.

Por eso solicitamos a la Comisión que enmarque el caso en una grave violación de derechos humanos y declare la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida y a la integridad personal por la falta de prevención del atentado, por la violación del derecho a la integridad personal de los peticionarios y de sus familiares por los padecimientos sufridos durante todos estos años, por la violación del derecho a contar con garantías judiciales y a una protección judicial adecuada, por la violación del derecho a la verdad. 

La audiencia ante la Comisión Interamericana terminó con las palabras de la relatora Antonia Urrejola Noguera: «Una justicia que tarda, no es justicia».